MINISTERIO DE HACIENDA

Agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las MiPymes

1-Caída en la actividad económica y perspectivas futuras

Hemos conocido las cifras de actividad económica del mes de octubre. Los resultados son muy negativos y preocupantes. El IMACEC anota una caída de 3,4%. Se trata de la mayor baja desde julio de 2009.

Estimamos que las cifras de noviembre también serán negativas. Con la nueva información disponible, hemos corregido a la baja el crecimiento para 2019 a un 1,4%. Y para 2020, nuestro escenario central se reduce a un rango de crecimiento entre 1,0% y 1,5%.

Estos no son meros números. Implican que miles de empresas y empleos están en riesgo, impactando fuertemente a muchos de nuestros compatriotas. Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente afectadas.

Por eso, a la agenda social en la que como gobierno hemos logrado avanzar a través de acuerdos en el congreso, se suma hoy una nueva prioridad social con sentido de urgencia: proteger el empleo.

Las causas detrás de esta situación son evidentes: la violencia, los saqueos y la destrucción tienen frenada a la economía, con costos enormes para los chilenos. Mientras el país no retome la cotidianidad, la actividad económica funcionará a media maquina, se producirá a media máquina, se invertirá a media máquina y se afectará al empleo. Nuestra economía tiene fundamentos sólidos, instituciones sólidas, un sector empresarial sólido y trabajadores comprometidos que quieren trabajar.

2- Respuesta a la situación económica e implicancias Fiscales

Hemos estado atentos a esta compleja realidad económica, que hemos monitoreado pero que nos ha sorprendido por su magnitud y rapidez.

Enfrentar la compleja situación exige de la acción del Estado a través de una política fiscal expansiva para el año 2020 que se plasme en una agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las Pymes. Esta agenda que hoy anunciamos, considera medidas por US$ 5.500 millones1 . Este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones2 .

1 Este monto considera los US$ 500 millones correspondientes a la capitalización de BancoEstado recientemente aprobada en el congreso y la capitalización por US$ 200 millones del programa Fogain de Corfo, recientemente anunciado. 2 Estos US$ 525 millones incluyen concesiones y la reconstrucción del Metro.

Todas estas medidas son mayoritariamente transitorias y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño. Se estima que esta agenda generará 100 mil nuevos empleos el próximo año.

Como cualquier hogar chileno que se enfrenta a una adversidad imprevista, recurriremos a nuestros ahorros y a nuestra capacidad de endeudamiento, aunque conscientes de que ambos elementos tienen límites que no se pueden sobrepasar. Esto podemos hacerlo gracias a años de responsabilidad fiscal de todos los gobiernos.

El nuevo escenario económico y el financiamiento de esta agenda modifica el compromiso de convergencia de balance estructural vigente que contemplaba una reducción del déficit estructural a razón de 0,2% del PIB por año, hasta llegar a 1% del PIB en 2022.

Para el próximo año, la meta será un déficit estructural de 3% del PIB, el cual se reducirá a razón de 0,5% del PIB por año, llegando a 2% del PIB en 2022. En este escenario, el gasto público crecería 9,8% real en 2020 comparado con la Ley de Presupuesto del año 2019, el mayor incremento desde el año 2009. Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4,4% del PIB el próximo año, cifra similar al déficit de 4,3% del PIB registrado el año 2009.

Ante este escenario, las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en US$ 16.600 millones. Ellas se financiarán con emisión de deuda por hasta US$9.000 millones, 40% de la cual será en moneda extranjera, monto que será complementado con unos US$ 7.600 millones que provendrán de los activos del tesoro en moneda extranjera.

Con esto, aproximadamente US$ 11 mil millones del financiamiento necesario para el próximo año, corresponderá a uso de activos en moneda extranjera o emisión de deuda en moneda extranjera.

Considerando una combinación de deuda y activos como fuente de financiamiento para los próximos años y, dado un compromiso de convergencia hacia el balance estructural, proyectamos que la deuda pública bruta como porcentaje del PIB tenderá a estabilizarse en torno a 38% hacia fines de 2024.

De acuerdo con la institucionalidad vigente, en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre se presentará una actualización de las proyecciones anuales de deuda pública que se generan con este nuevo escenario macroeconómico y fiscal, considerando las diversas fuentes de financiamiento disponibles.

3-Medidas fiscales para proteger el empleo, revivir la economía, reconstruir y proteger a las MiPymes

Sin entrar a cada una de las medidas, cuyo detalle se dará a conocer públicamente, a continuación señalamos los principales ejes de estas.

3 3.1-Inversión en Infraestructura y reconstrucción –

– Inversión y reconstrucción de la infraestructura y bienes públicos dañados por un monto de US$ 2400 millones los que están focalizados en proyectos de rápida ejecución.

– Entre las partidas más significativas destacan:

– Reconstrucción excluyendo Metro: US$ 855 millones

– Proyectos de inversión en regiones: US$ 480 millones

– Construcción de vivienda, subsidios y mejora de barrios: US$ 350 millones

– Adelanto de inversión en equipamiento local: US$ 218 millones

– Tren Santiago-Melipilla, con un costo total de US$ 1.500 millones en cinco años y US$ 200 millones por año en los próximos dos años

– Obras de Agua Potable por US$ 200 millones

3.2-Protección del empleo

Protección del empleo y complemento salarial por jornada reducida: para aquellas empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis, los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que pacten jornadas reducidas con su empleador podrán obtener un complemento de su renta desde el seguro de cesantía. Para ello enviaremos un proyecto de ley al congreso.

Fortalecimiento del seguro de cesantía: aumentando transitoriamente la tasa de reemplazo y flexibilizando los requisitos de elegibilidad, permitiendo que más personas puedan acceder al beneficio en caso de quedar desempleado.

3.3-Apoyo a las MiPymes

Adicional a otras medidas ya anunciadas como la capitalización de Banco Estado (US$500 millones), y el Fondo para Inversión y Capital de Trabajo de CORFO (US$200 millones), hoy agregamos una capitalización adicional por US$100 millones al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). Todas estas medidas permitirán que las empresas de menor tamaño accedan a créditos por cerca de US$ 9.000 millones.

Adicionalmente, como una forma de inyectar liquidez a las MiPymes se establecen las siguientes medidas:

Devolución anticipada de impuesto a la renta: para las MiPymes que experimentaron una caída de sus ventas en octubre. Dependiendo de la magnitud de esa caída, se devolverá anticipadamente entre un 20% y un 75% de sus PPM. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 536 millones y beneficiará a más de 500 mil MiPymes.

Facilidades para el pago del IVA: Para el mismo universo de MiPymes se otorgarán facilidades para el pago del IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, las que podrán ser pagadas en 12 cuotas con tasa de interés real cero y a partir de febrero del próximo año. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 564 millones y beneficiará a más de 500 mil MiPymes.

Régimen especial de donaciones para MiPymes: por un período de 18 meses se creará un régimen especial de donaciones desde la sociedad civil y que favorecerá a las Mipymes que sufrieron pérdidas materiales o bajas significativas en su productividad o ventas.

Esta semana se ingresará un proyecto de ley al Congreso con discusión inmediata que permitirá la materialización de estas tres medidas.

Pago oportuno de proveedores del gobierno central: el proceso de compra y pago del Estado será integralmente digital, asegurando el pago oportuno a los proveedores de servicios en el Estado, muchos de ellos Pyme.

El Estado ha sido un mal pagador, pero ese abuso termina ahora. Comenzaremos en enero con los servicios públicos de tres ministerios y durante el año estaremos en condiciones de cubrir a todos los servicios del estado.

4- Agenda social

El nuevo y necesario foco en la protección del empleo, la reactivación y la reconstrucción, en caso alguno anulan la construcción de una agenda social exigente pero responsable para los próximos años.

Queremos ser claros: la agenda social concentra el foco de nuestra hoja de ruta, y los mayores esfuerzos permanentes de gasto ya anunciados gracias a importantes acuerdos logrados en el Congreso.

Es probable que muchas de estas medidas no sean bien conocidas por todos los chilenos y chilenas. En parte porque ellas se fueron dando a conocer por parcialidades, sin una mirada de conjunto, error que asumimos. Por eso quisiera resumirlas para destacar aquí su importancia.

Pensiones:

Pilar solidario; 1.600.000 beneficiarios

En materia de pensiones del pilar solidario hemos propuesto y acordado en el Congreso el mayor incremento registrado en la pensión básica solidaria desde la creación de este pilar en 2008. Este esfuerzo consiste en:

-Un aumento inmediato de 50% en pensiones del pilar solidario de mayores a 80 años;

-Aumento inmediato del 30% en pensiones del pilar solidario de adultos mayores entre 75- 79 años, alcanzando un 50% al año siguiente.

-Un aumento inmediato del 25% en pensiones del pilar solidario de adultos mayores entre 65 y 75 años, de 40% al año siguiente y llegando al 50% de incremento en enero de 2022.

-Un aumento de 50% la PMAS que define los aportes en el aporte previsional solidario

Pilar contributivo; 800.000 beneficiarios

A su vez, y quisiera subrayar esto ya que es menos conocido pese a estar contenido en el marco de entendimiento presupuestario logrado en el Congreso, hemos reservado US$ 800 millones para que una vez aprobada la reforma previsional podamos aumentar de forma inmediata y en una proporción significativa las pensiones de los chilenos de clase media que del pilar contributivo. Se trata de una transferencia transitoria por 2 años que permite acelerar la transición del componente solidario de pensiones una vez aprobada la nueva ley.

Transporte público adulto mayor

Rebaja nacional a la mitad (50%) en la tarifa del transporte para mayores de 65 años, medida que beneficia a un universo de casi 2.000.000 de adultos mayores a lo largo de Chile;

Ingreso mínimo

Ingreso Mínimo Garantizado de 350.000 pesos bruto, medida que beneficiaría a 480.000 personas.

Esta medida que entrega un subsidio directo al trabajador, sin discriminarlo por donde trabaja es particularmente importante ante el período adverso que enfrentamos. Manifestamos nuestra voluntad a conversar para mejorar el proyecto actual y lograr su rápida aprobación en beneficio de miles de trabajadores y trabajadoras.

Rebaja en el precio de los medicamentos con el objetivo que disminuyan a los niveles de otros países

Hemos acordado reformas potentes en materia de medicamentos, un sector clave donde han existido abusos, particularmente afectando a los chilenos de menores recursos. Estos abusos no tienen justificación, y definitivamente no seguirán ocurriendo. Además de una serie de iniciativas contenidas en la Ley de Fármacos II, hemos acordado que Cenabast compre masivamente remedios a menor precio y pueda venderlos a cualquier persona, con entrega directa en su casa. Este cambio de paradigma tomará algún tiempo en implementarse, pero es una medida que revolucionará el sector de medicamentos e implicará rebaja de precios sustantivas que aliviarán el bolsillo de todos los chilenos.

Las medidas de la Agenda Social implican un esfuerzo financiero muy importante que denota un claro cambio de prioridades en la dirección correcta y la voluntad de dar solución a un conjunto de urgencias sociales. Se trata de un gasto total superior a los US$5.000 millones de dólares entre 2020 y 2022.